Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, ¿un texto ambiguo?
El proyecto de Ley se tramita ahora con carácter de urgencia obedeciendo a una imposición de la Comisión Europea en el marco del procedimiento de déficit excesivo del año 2016. Sin embargo, una vez que el plazo máximo (abril de 2016) para la transposición de la directiva ha sido superado por España ¿por qué tanta prisa?.
El objetivo claro de este Proyecto de Ley era dotar de una mayor transparencia a todo el proceso de contratación. Sin embargo, los partidos de la oposición han mostrado no estar conformes con su contenido.
Pero no sólo los partidos políticos son los que discrepan, sino también varias asociaciones empresariales ya que, señalan, se trata de una Ley con una gran transcendencia para la economía ya que la contratación pública supone casi el 20% del PIB. En este contexto, coinciden en señalar que pese a que el espíritu del proyecto de Ley va a favor de las pymes, el redactado queda muy lejos de esa realidad y, por lo tanto, una vez se incumplen promesas.
Por otro lado, las entidades aseguran que el texto es ambiguo y no contempla las medidas realmente necesarias para facilitar el acceso de la pyme a la contratación pública y, por tanto, no cumple con uno de los mandatos de las Small Business Act (SMB).
En este sentido, se han enviado las enmiendas a los partidos políticos con representación parlamentaria, la aprobación de las cuales eliminaría ambigüedades y contradicciones, y permitirían a las pymes un mejor acceso a la contratación pública. La propuesta también se hará llegar a la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Se señala, además, que el proyecto de Ley no apuesta decididamente por la división en lotes, tal y como establece la directiva europea ya que el mismo texto normativo ofrece motivaciones suficientemente amplias para que el órgano de contratación no realice la división el contrato en lotes.
Otra queja hace referencia a la morosidad. Mientras que los anuncios previos que emitió el Gobierno de España apuntaban a que no se permitiría acceder a contratos públicos a empresas que fueran morosas, ahora la norma incluso «permite legalmente la ampliación de los plazos de pago establecidos previamente, tanto por la legislación española como por las directivas comunitarias».
Por último y respecto al subcontratista, se quejan estas asociaciones de que el Proyecto de Ley no contempla el establecimiento de mecanismos de pago y relación directa al subcontratista –posibilidad incluida en la Directiva 2014/24- sino que, además, abre la puerta al pacto entre las partes.