Objetivo: trabajar por una mayor transparencia en la contratación pública
La contratación pública, según recientes estudios, supone un porcentaje del 18,5% del PIB español, es decir, alrededor de 194.000 millones de euros anuales, frente a la media de países de nuestro entorno que es del 15%.
Una de las máximas que rigen la contratación pública es la libre competencia. Se trata de un requisito esencial ya que cuando la competencia falla inevitablemente nos encontramos con una pérdida de eficiencia económica y un innecesario desaprovechamiento de recursos públicos que, como sabemos, son escasos y costosos.
En este sentido, La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) calcula que la falta de competencia puede provocar desviaciones medias al alza del 25% en el presupuesto de la contratación pública, lo que representa un coste de 47.500 millones de euros al año en España, cifra equivalente al 4,6% del PIB.
Por este motivo, el sector público en España debe autoimponerse una contratación pública cada vez más transparente, pro-competitiva y económicamente eficiente, en beneficio de los ciudadanos, de las empresas y de las propias Administraciones Públicas.
Para ello, debe mejorarse el acceso a la información para los licitadores, debiendo existir una mayor transparencia y una mejorada publicidad de procedimientos en pro de un mayor control interno.
En primer lugar, el mismo órgano de contratación debería justificar previamente la necesidad de contratar y el procedimiento elegido.
Además, sería importante mejorar el aprovechamiento de las tecnologías de la información, por ejemplo, para la obtención y utilización de bases de datos de licitaciones y globales que permitan la supervisión de la eficiencia económica por organismos especializados.
Asimismo, debería darse una mayor cooperación administrativa con el fin de reducir las diferencias en las informaciones presentes en los contratos públicos.
La CNMC pide que se simplifiquen los procedimientos en la contratación pública, con el uso de procedimientos electrónicos y con la reducción de la dispersión normativa de la materia. Cierto es que ya se está realizando un esfuerzo para consolidar en el ordenamiento jurídico principios sólidos, como la igualdad y la transparencia. Un ejemplo de ello es la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.
La CNMC subraya que la importancia económica de la contratación pública, junto con el carácter limitado de los fondos públicos, aconsejan una regulación del aprovisionamiento público verdaderamente favorecedora de la competencia; ya que sólo así podrá mejorar la eficiencia en el gasto público que, como consecuencia, redundará en importantes beneficios tanto para las Administraciones Públicas, como para los ciudadanos y las empresas; es decir, en beneficio de todos.