Las ingenierías españolas exigen requisitos de calidad en las licitaciones
Fidex, que agrupa a nueve de las principales empresas de ingeniería de España pide que, en las contrataciones, la calidad técnica de los proyectos de ingeniería prevalezca sobre su coste. Asimismo, exhorta el Gobierno a clasificar la contribución de la ingeniería en las obras públicas como servicio de carácter intelectual y a permitir que cada Administración establezca, si lo estima oportuno, un precio fijo en las licitaciones, para que las empresas compitan basándose sólo en criterios técnicos y no económicos.
De estudios especializados se desprende que, en el sector civil no residencial español, la inversión en ingeniería representa el 4,6% del coste total de la obra, frente al 8,5% de la media europea.
Debido a los últimos años de crisis la licitación de contratos públicos de obra cayó desde los 40.000 millones de euros de 2007 a los 13.750 millones de 2011, las empresas en ingeniería consiguen contratos gracias a rebajas sobre el precio inicial de hasta el 60% lo que, según expertos del sector, es un craso error ya que la falta de selección de los contratistas según criterios cualitativos provoca modificaciones de los proyectos iniciales, retrasos en la entrega e incrementos del precio final de las obras.
Una solución podría venir de Bruselas. Como hemos señalado en otras entradas anteriores de este blog, antes de 2016 España debe cumplir con la directiva europea sobre contratación pública, cuya transposición implicaría la valoración en términos de calidad de la ingeniería y no la mera atención al precio, aunque de momento en la norma española no se hace mención explícita al carácter intelectual de los trabajos de ingeniería, entrando en contradicción con la directiva. Bruselas ya aplica este criterio para las acciones exteriores de la Unión Europea, adjudicando los trabajos de ingeniería con una valoración la calidad de la oferta con un peso del 80%, frente al 20% del precio.
Aprobada en 2014, la normativa prevé que el coste pueda ser “un precio fijo, sobre la base del cual los operadores económicos compitan únicamente en función de criterios de calidad”. Lo que ya se aplica en algunos países como Alemania.
Aunque recela introducir en la ley criterios como la calidad que, por ser subjetivos, podrían ser tachados de arbitrarios, hasta ahora la Administración se ha mostrado disponible a escuchar propuestas que incluyan requisitos como la experiencia, profesionalidad de equipos, disponibilidad, recursos, etc. Con sólo aumentar la inversión en ingeniería del 5 al 7% se lograrían ahorros superiores al 20% en los costes, permitiendo cumplir con el objetivo de déficit pactado con Bruselas
El Consejo de Ministros aprobó, a finales de abril, el anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, que debería recoger la directiva europea. Fuentes del Ministerio de Hacienda, encargado de su transposición, confirman que el anteproyecto está abierto a cualquier contribución.