Transparencia y libre competencia

Ahora que parece que España mejora su situación económica tras la crisis, se tiende a abandonar el modelo de contratación que estábamos acostumbrados a ver en la mayoría de los casos.

Por un lado, observamos la tendencia a competir por el valor añadido, haciendo las cosas mejor. Esto es, ponderando la experiencia, la calidad, el trabajo bien hecho, aunque no siempre conforme a la oferta más barata. El cambio de modelo es un camino complejo. Por ello, la Unión Europea lo aborda con las nuevas directivas comunitarias que será preciso transponer a nuestra legislación en un plazo que en principio expira en abril de este año. Aunque -aún así- haya voces que lo denuncian como insuficiente.

El objetivo es, pues, que la reforma de los modelos de contratación permita que se alcance una mejor relación calidad precio en los contratos públicos, como concepto global más útil y moderno que la tradicional oferta económicamente más ventajosa, utilizada hasta ahora en exceso. Así, el precio cede una gran parte de su relevancia a parámetros más fiables de selección como aquellos que fomentan la excelencia por el uso de criterios de calidad, de interés ambiental o social y de innovación.

Por otro lado, nos encontramos que en España existe la obligación legal de publicar los contratos y las licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público por parte de las instituciones públicas españolas (Ley de “garantía de la unidad de mercado”, de diciembre de 2013).

Si tomamos los 110 grandes ayuntamientos españoles, vemos que tan sólo dos de cada 10 ayuntamientos cumplen la ley y al mismo tiempo publica los datos en el perfil del contratante. Resulta significativo que Ayuntamientos como los de Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia incumplan esta normativa legal.

Además, para evitar posibles controversias, se está solicitando desde algunas organizaciones sociales de peso, que los cargos electos no formen parte de las mesas de contratación dejándolas en manos de los técnicos. No quiere decir esto que se ponga en duda la profesionalidad de nadie. Un dato curioso que quizá se deba conocer es que en España hay 68.230 concejales y alcaldes, pero sólo un 10% de ellos perciben algún tipo de retribución por estos cargos.

Lo que apoyamos desde este blog son todas las medidas que fomenten una mayor transparencia y libre competencia en las licitaciones y contratos públicos.

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