Trabajando en el camino de la transparencia en la contratación pública

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha declarado detectar claras carencias regulatorias con respecto a la contratación pública y, así, lo indicó durante el período de consultas de la Ley de contratos del Sector Público y de contratos en sectores especiales.

Dichas carencias se determinaban como barreras de entrada, multiplicidad de órganos de contratación, heterogeneidad de procedimientos y complejos sistemas de aprendizaje, información asimétrica y escasez de operadores en ciertos sectores.
También se hacía referencia a la ausencia de evaluación tras la contratación y a un insuficiente control, tanto como a la escasez de motivación del empleado público o problemas de gobernanza y de dispersión normativa.

Teniendo en cuenta que estamos hablando de un sector que representa aproximadamente el 18,5% del PIB en España, es esencial trabajar hacia una libre competencia.

En este sentido se han pronunciado igualmente otras organizaciones, tales como Transparencia Internacional España que quiere ofrecer un conjunto de medidas a los Partidos políticos con la idea de avanzar en un modelo de contratación pública más transparente, y por lo tanto más eficiente, más comprometido con el respeto al principio de integridad e, incluso, con un desarrollo sostenible.

A pesar de que alguna de ellas ya se ha incluido en las propuestas normativas de transposición de las nuevas Directivas comunitarias de contratación resulta conveniente insistir en ciertas medidas:

1.- Medidas orientadas a incrementar la transparencia tanto desde la perspectiva de favorecer la concurrencia como de la rendición de cuentas.
2.- Medidas orientadas a fortalecer los comportamientos éticos y la profesionalización.
3.- Medidas orientadas a mejorar los mecanismos de control, como estrategia para prevenir la corrupción.
4.- Medidas para perfeccionar la legislación vigente.

También existe un segundo grupo que está formado por 15 medidas relacionadas con las Subvenciones públicas.

Todas ellas están dirigidas a aumentar la transparencia y prevenir la corrupción en los dos ámbitos citados.

Una vez más, no debemos olvidarnos de las pymes dado que el 31% de la contratación pública recae en pequeñas y medianas empresas; aunque deberíamos hablar de un mayor porcentaje puesto que representan la gran mayoría del tejido empresarial español.

Una manera de mejorar sus opciones a la hora de licitar es, precisamente, trabajar en la transparencia y la libre competencia. Un ejemplo de ello sería evitando centrar los criterios de adjudicación sólo en el precio como ha estado ocurriendo en los últimos años, ya que ha perjudicado a muchas empresas que, por su tamaño, no eran capaces de compensar otro tipo de gastos como los de de estructura, etc. y les ha hecho a menudo desistir en licitar.

Por ello, nos sorprende que desde la CNMC se señale que debe replantearse la introducción de objetivos secundarios (sociales o medioambientales, etc), porque puede amenazar los objetivos primarios de la contratación pública incrementando el coste para los contribuyentes, argumentando que tales objetivos pueden abordarse mejor mediante otros instrumentos ajenos a la contratación pública. Sin embargo, la utilización del único criterio PRECIO ha llevado al incumplimiento de muchos contratos o, incluso, a la ejecución defectuosa de los mismos porque determinadas empresas, habiendo presentado ofertas a la  baja imposibles de soportar, no han sido capaces de llevar a buen término sus suministros o servicios/obras.

Confiemos en que se siga trabajando para lograr la máxima transparencia en la contratación pública en España, lo que llevará a una mayor competencia que redundará en beneficio de todos.

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