Ser moroso con los clientes privados penalizará en las licitaciones públicas

La Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial fija en 30 días el periodo máximo de pago de las Administraciones Públicas. Es más, este plazo servirá como referencia válida en las licitaciones públicas, una vez que se aprueben las futuras leyes de contratación, una de carácter general y otra destinada a los denominados sectores específicos de agua, energía, transportes y servicios postales.

Como ya hemos señalado en entradas anteriores de este blog, ambas normativas tienen que estar aprobadas antes del 18 de abril de 2016 y servirán para trasladar al ordenamiento mercantil en España el paquete de directivas comunitarias que se publicaron en marzo de 2014.

La futura regulación incluirá también requerimientos específicos de información y justificación en el pago a proveedores, de manera que el órgano administrativo de contratación será facultado para solicitar del contratista principal la documentación precisa para verificar el cumplimiento de sus compromisos financieros con los proveedores y suministradores.

La Ley de Sociedades de Capital aprobada a finales del pasado año estableció como primer paso un requisito de información para que todas las empresas mercantiles detallen en sus cuentas anuales y en su página web los días que tardan en hacer efectivo el abono de las facturas de sus proveedores.

El Gobierno va más allá ya que la morosidad se convertirá en un elemento de penalización en todas las licitaciones del sector público. Así, las normativas que serán adoptadas en cumplimiento de las directivas comunitarias incluirán por primera vez como un criterio básico de valoración el periodo medio con el que atienden sus pagos los eventuales contratistas.

La medida tiene un carácter garantista para los intereses de las pequeñas y medianas empresas al tiempo que obliga a las grandes empresas a demostrar la rapidez y seriedad con que atienden sus pagos a terceros.

Como vemos, la disposición está orientada a la defensa de las pymes, que son las que trabajan como subcontratistas en muchas de las principales adjudicaciones públicas y que constituyen la parte más débil en la cadena de relaciones con sus clientes, las grandes compañías beneficiarias de los concursos.

La Administración ha mejorado su periodo medio de pago con respecto a hace un año en 5,55 días, lo que contrasta con el incremento de la morosidad que se registra en el sector privado.

En el segundo trimestre de 2015 los plazos de los pagos han aumentado en 3,56 días con respecto al mismo periodo del año pasado, si bien el nivel de las empresas que pagan puntualmente ha pasado del 43% al 44%. En todo caso, los retrasos suponen un coste directo para el tejido empresarial de 1.663 millones de euros.

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