Extremadura formará a otras CCAA en contratación pública responsable
La ministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España, Fátima Báñez, y la consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, María Ángeles Muñoz, han firmado en Madrid un convenio de colaboración para el fomento de la contratación pública responsable, lo que supone la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública.
Según el convenio, establecido como un instrumento de colaboración para el desarrollo conjunto del I Programa de Formación en Contratación Pública Responsable contemplado en la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014/2020, la región impulsará una de las «más importantes innovaciones» que tendrán lugar en los próximos años en las Administraciones Públicas «gracias a la inclusión de criterios sociales y medioambientales en los contratos».
El Ministerio ha diseñado el programa de formación tras haber mantenido contactos con personas y organizaciones relevantes en el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial.
Extremadura será la encargada de organizar la formación dirigida al resto de Comunidades Autónomas y a la Administración Local, mientras que el ministerio hará lo propio con la destinada a técnicos de la Administración General del Estado y entes y organismos públicos, según fuentes oficiales.
El objetivo del Programa no sólo es formar sino también crear una red de expertos que facilite un intercambio de experiencias que, a su vez, permita aplicar estos criterios a un porcentaje mayor de procesos de contratación, conociendo las posibilidades que ofrece la legislación nacional e internacional para integrar estas buenas prácticas en la contratación pública.
Se entiende, así, que es imperativo el reconocimiento por parte de las Administraciones a las organizaciones que apuestan por la igualdad de oportunidades, la integración de la discapacidad, el respeto medioambiental, la protección social, la lucha contra la corrupción y la mejora de las condiciones sociolaborales, entre otros. Más aún, debe hacerlo en aras de la justicia social, pero sin olvidar la necesaria competitividad de las propias organizaciones.
Según la estimación realizada por el ministerio, las jornadas estarán limitadas entre 50 y 70 asistentes por jornada con el objetivo de formar entre 200 ó 280 expertos, y “todo el material será grabado en vídeo y distribuido por las administraciones públicas».