El Gobierno comienza a hacer sus deberes europeos

Dado que la fecha límite de trasposición finalizó el pasado 18 de abril, el Ejecutivo ha solicitado que se aplique el procedimiento de urgencia para acelerar la tramitación parlamentaria. En cuanto a su objetivo, ambos buscan “agilizar los procedimientos de contratación, aumentar la competencia, mejorar la publicidad y transparencia, luchar contra la corrupción y servir como instrumento de políticas medioambientales, sociales y de I+D”, ha señalado el Gobierno en un comunicado.

Uno de los Proyectos de Ley aprobados regula la contratación del sector público en general, mientras que el segundo lo hace con las especialidades en materia de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

En cuanto a la agilización de los procedimientos, se pretende reducir los plazos y apostar por la utilización de medios electrónicos, informáticos y tecnológicos. También se prevé generalizar el uso de las “declaraciones responsables” en las que el empresario simplemente manifiesta que cumple los requisitos para acceder a la licitación sin necesidad de presentar documentación justificativa hasta el momento en que resulte adjudicatario del contrato.

Respecto a la competencia, se incentiva que los contratos se dividan en lotes, al contrario que en la regulación actual que exigía la motivación de los mismos. A partir de la nueva Ley, el principio será el contrario y se deberá justificar como excepcional el hecho de que no exista división de los contratos en lotes.

Además, las nuevas normas persiguen mejorar la publicidad y transparencia y luchar contra la corrupción en los contratos públicos. Se suprime el procedimiento negociado por razón de la cuantía, que no tiene publicidad, creándose un nuevo procedimiento, el Abierto Simplificado, con una duración del proceso de contratación muy breve, alrededor de un mes, pero que será totalmente transparente, con publicación obligatoria.

Igualmente, se prevé que la contratación pública pueda servir como instrumento de políticas medioambientales, sociales y de innovación y desarrollo. En cuanto a la I+D, es muy relevante la regulación de un nuevo procedimiento de adjudicación de contratos públicos denominado “de asociación para la innovación”, encaminado a dar cobertura a necesidades públicas que no se puedan satisfacer con las soluciones existentes en el mercado y que, por tanto, exigen la realización de actividades de investigación y desarrollo en obras o servicios.

 

Previa selección de los candidatos, en la primera fase se contrata el desarrollo de los proyectos de I+D, que dispondrán de la correspondiente financiación y, finalmente, se analizan los resultados alcanzados y se adjudica el contrato de adquisición del bien o servicio a una o varias de las empresas de acuerdo con los criterios objetivos previstos en el pliego.

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